Luego de la detención de Juan Collado Mocelo, José Rico Rico y José Antonio Vargas, relacionados con el caso Caja Libertad, analistas coinciden en que al tratarse de una red de corrupción falta la parte más elevada de la estructura criminal.
El empresario Sergio Bustamante acusó en su denuncia que «atrás de Rico Rico y Collado estaba gente muy pesada»: los ex Presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, el Gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién y el Senador Mauricio Kuri González. También señala al ex titular de la CNBV Jaime Rodríguez Aguadé, a los accionistas de Oceanografía, Martín Díaz Álvarez y Amado Yañez Osuna, al Zar de los Casinos, Javier Rodríguez Borgio.
Ciudad de México, 11 septiembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) tiene la capacidad de desmontar la red de «peces gordos de la élite política y económica» relacionados con el caso Caja Libertad, expusieron analistas.
Esos «peces gordos» son algunos ex funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, los cuales permitieron que esa Sociedad Financiera Popular (Sofipo) operara con irregularidades bajo el amparo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, agentes de la FGR aprehendieron el lunes en Matehuala, San Luis Potosí, a José Antonio Rico Rico y a José Antonio Vargas Hernández. Un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte les dictó la medida de prisión preventiva oficiosa. Los abogados de ambos solicitaron al ministerio público que cite a comparecer a otros testigos.
Al igual que a Juan Collado Mocelo, abogado de la élite política y entonces presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, el empresario Sergio Bustamante Figueroa denunció a Rico y a Vargas derivado de la compra-venta «ilícita» del terreno donde está la sociedad financiera popular en Querétaro. Siguen prófugos de esa orden de aprehensión emitida el 6 de julio Roberto Rodríguez Galvez y Tania Patricia García Ortega.
«Es el juicio a toda una época, no solo al peñanietismo, sino a las redes de poder del Grupo Atlacomulco y el salinismo. Si la Fiscalía es valiente, puede llegar a las últimas consecuencias. Juan Collado y estos dos últimos arrestos son piezas de toda esta trama», dijo el analista político Enrique Toussaint, de la Universidad de Guadalajara.
«Si la Fiscalía en el caso de Caja Libertad solo se queda en las ramas, va a ser la repetición de la fórmula que vemos cada sexenio. Si logra mostrarnos quiénes son los grandes poderes que están detrás de Juan Collado, puede ser un parteaguas en la historia judicial nacional», afirmó.
En la orden de aprehensión con causa penal 269/19, el empresario Sergio Bustamante acusó que «atrás de Rico Rico y Collado [ya detenidos] estaba gente muy pesada que en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros»: el ex Presidente Enrique Peña Nieto, el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, el Gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién y el Senador Mauricio Kuri González.
Mientras su abogado Juan Collado se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, Peña Nieto fue visto el 10 de agosto caminando en Bruselas con su novia modelo Tania Díaz, dio a conocer la revista Quién.
Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Corrupción de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, agregó que «de nada nos sirve tener en la cárcel a esta gente si no se recupera nada de lo que desviaron del erario público y si no deshacen las redes de corrupción, si solo se quita a uno de los elementos».
«En el caso de Caja Libertad hay notarios. Alguien tuvo que dar fe que la compra que se hacía era lícita», observó la académica.
LA ORDEN DE APREHENSIÓN:
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LOS OTROS SEÑALADOS
En la orden de aprehensión derivada de la denuncia del empresario queretaro Sergio Bustamante también se señala a Jaime González Aguadé, quien pasó de ser el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cargo desde el que eximió a Caja Libertad de posible lavado de dinero en 2014, a ser miembro del Consejo de Administración de esta sociedad financiera popular.
También mencionó a Javier Rodríguez Borgio, dueño de la cadena de casinos Big Bola y ex presidente del Grupo Gasolinero Mexicano (GGM); a Martín Díaz Álvarez, sobrino del ex Secretario de Hacienda Francisco Gil, ex presidente del Consejo de Administración y accionista de Oceanografía; y a Amado Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía.
En la presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, entre Martín Díaz Álvarez (2014) y Juan Collado Mocelo (2015-2019), estuvo Carlos Septién Michel (1 marzo 2014-30 abril 2015), ex director de Grupo Elektra y Banco Azteca.
Gilberto Santarita Tamés, doctor en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, explicó que para aprehender a alguien, no basta con un testimonio como el del denunciante Sergio Bustamante, ya que solo es el inicio para una investigación por parte del Ministerio Público, la policía y los peritos, para «que le den mayor cuerpo y contundencia a ese dicho por un testigo o una persona implicada. No porque el mismo Juan Collado señale a algún alto ex funcionario significa que automáticamente lo van a detener, se le deben sumar un cúmulo de pruebas».
Santarita, también académico de la Universidad Iberoamericana, coincidió en que se puede llegar hasta la «parte más elevada» de la estructura criminal, «pero no debemos dejar de lado que el derecho penal siempre está vinculado a la política», dijo.
«La Fiscalía General de la República es autónoma. En teoría el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] no tendría ninguna injerencia en el Fiscal Alejandro Gert Manero, pero eso solo el tiempo nos lo dirá».
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó a finales de agosto que presentó siete denuncias nuevas ante la Fiscalía General contra el Consejo Directivo de Caja Libertad por presunto lavado de dinero, que implican a 269 personas físicas, 208 morales y a 15 servidores públicos.
«En este momento llevamos 10 bloqueos de cuentas, se presentaron unas denuncias primero y hoy [21 de agosto] vamos a presentar siete adicionales», dijo.
Nieto Castillo detalló que el monto de las operaciones detectadas en depósitos asciende a más de 169 mil millones de pesos, mil 517 millones de dólares y 117 mil euros; sin embargo, en retiros se estiman 134 mil millones de pesos, mil 732 millones de dólares y 29 millones de euros.
El académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, José Alfonso Aparicio Velázquez, observó que «hay una investigación que no se ha caído con una suspensión otorgada y ahora hay dos detenidos más además de Juan Collado. Eso genera certeza respecto a que no solo es una persecusión política respecto a un personaje».
